El tribunal constitucional tumba parte de la Ley de Vivienda de 2023

El Tribunal Constitucional declara inconstitucional la obligación de los grandes tenedores de viviendas (más de 10) de tener que demostrar la situación de vulnerabilidad de los inquilinos con carácter previo al inicio del procedimiento de desahucio al considerar que dicha norma supone una vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva amparado en el Artículo 24 de la CE

El Tribunal Constitucional corrige uno de los muchos desmanes legales cometidos por la Ley de Vivienda aprobada en el año 2023, si bien convalida determinadas cuestiones que son un ataque directo al derecho de propiedad de todos los ciudadanos españoles con un razonamiento jurídico más que discutible.

Como no podía ser de otra forma tampoco aclara el TC el alcance de dicha resolución en relación con los procedimientos judiciales que pudieran estar en curso y verse afectados por dicha resolución, por lo que una vez más tocará resolver la casuística de forma individual con la gran inseguridad que dicha situación genera.

Una vez más asistimos al enésimo parche judicial, que viene a remendar el parche de los políticos mientras el problema de la vivienda sigue sin abordarse desde la necesaria seguridad jurídica para propietarios e inquilinos y con un sistema judicial arcaico e ineficiente que agrava y amplifica todos los problemas previos con su secular retraso en la tramitación de procedimientos judiciales.